El asesinato de Pedro de Arbués, inquisidor de Zaragoza

 

La noche del 14 de septiembre de 1485 fue asesinado en Zaragoza el presbítero agustino Pedro de Arbués, inquisidor en la ciudad junto al dominico fray Pedro Gaspar Juglar, mientras rezaba ante el altar mayor de la Seo. A pesar de que bajo su túnica llevaba una cota de malla y un casco de acero reforzaba el birrete, al haber sido víctima ya de dos atentados anteriores, varias puñaladas por la espalda, una de ellas en el cuello, acabaron con su vida; Arbués agonizó hasta el día 17, pero los médicos no pudieron recuperarlo. 

 

Entre los implicados figuraban varios parientes de Luis de Santángel, escribano de ración (tesorero real) del rey Fernando, que poco más tarde financiaría el viaje de Colón para limpiar su linaje, previa penitencia. El coste del crimen fue de seiscientos florines de oro, precio que incluyó el pago a los autores materiales, Juan de Esperandeu (cuyo hermano había sido arrestado por el tribunal) y varios sicarios contratados ad hoc.

 

Retrato anónimo decimonónico de Luis de Santángel (Wikimedia Commons)

Los asesinos eran conversos, es decir, judíos que habían aceptado profesar el cristianismo. Un colectivo desesperado ante el panorama que parecía esperarle, después de que la Suprema -como se llamaba entonces a la Inquisición- hubiera iniciado una persecución contra él por iniciativa del cardenal Cisneros, quien estaba descontento con la lentitud de la labor pedagógica que practicaban otros religiosos para integrar a los nuevos creyentes. En ese sentido, las noticias que llegaban desde Castilla desde la celebración del primer auto de fe en Sevilla (en 1481) no eran precisamente tranquilizadoras.

 

La decisión de instaurar el Santo Oficio en el Reino de Aragón fue muy mal recibida por varias razones, empezando por el hecho de que la bula Exigit sincerae devotionis affectus, con la que el papa Sixto IV constituyó el tribunal en 1478, era sólo para el Reino de Castilla. Pero había más motivos. Por un lado, los fueros preveían que los altos cargos debían ocuparlos oriundos del reino y varios de los inquisidores designados (Gaspar Juglar, por ejemplo) no lo eran. Por otro, las familias conversas desempeñaban un papel importante en su política y economía, y su persecución constituía un riesgo para la estabilidad cotidiana. 

 

El contexto geográfico-histórico de los reinos y señoríos peninsulares en 1479, poco antes del asesinato de Arbués (Elryck  en Wikimedia Commons)

La resistencia se dividió entre quienes consideraban que el privilegio de manifestación, contemplado por el fuero, sería suficiente para que el monarca desistiese, y quienes creían inevitable ir más lejos. En noviembre de 1484, la Diputación aragonesa remitió un escrito que señalaba tres puntos de ilegalidad en el proyecto: Torquemada, como extranjero, no podía ejercer autoridad en Aragón; estaban prohibidas las confiscaciones; y era inaceptable el secreto sobre la identidad de los denunciantes y testigos. 

 

Cuando las Cortes aragonesas se negaron a enviar diputados a la votación de la nueva Inquisición, el rey Fernando tuvo que intervenir para asegurar que no se alterarían los fueros. Eso sí, también recordó que la Inquisición era un órgano de la Iglesia, no del reino, y por tanto ajeno a la autoridad foral; que la Inquisición no era nueva, ya que la pontificia medieval seguía vigente, por lo que había que adaptarla a los nuevos tiempos; y que las autoridades debían colaborar o cesar en sus oficios.

 

Fernando II de Aragón retratado por el maestro flamenco Michel Sittow (Wikimedia Commons)

 

Aún así, algunas localidades como Barcelona o Teruel prohibieron la entrada a sus respectivos inquisidores. Teruel vetó al dominico Juan de Solivera por ser vasco y demasiado joven, respondiendo éste con excomunión a todos los habitantes (revocada luego por el Papa); fue necesaria convocar una movilización militar, aunque no dio el resultado esperado y entonces se situaron tropas castellanas en la frontera, con la amenaza de intervención. Barcelona hizo otro tanto con los dos que debían relevar al pontificio Juan Comes, siendo finalmente el papa Inocencio VIII quien designó a Alonso de Espina. Asimismo, Valencia rechazó el nombramiento de Juan de Epila por ser aragonés y no valenciano, como exigía la ley.

 

Cuenta Jerónimo Zurita y Castro, cronista mayor de Aragón un siglo después: 

Comenzáronse de alterar y alborotar los que eran nuevamente convertidos del linage de los judíos, y con ellos muchos caballeros y gente principal, publicando que aquel modo de proceder era contra las libertades del reyno, porque por este delito se les confiscaban los bienes y no se les daban los nombres de los testigos que deponían contra los reos, que eran dos cosas muy nuevas y nunca usadas, y muy perjudiciales al reyno.

Zaragoza vista por Juan Bautista Martínez del Mazo en 1647. Al fondo se aprecia el tejado de la Diputación y, a su izquierda, el cimborrio y la torre de la catedral, sede frecuente de las reuniones de Cortes y escenario del crimen (Wikimedia Commons)

En ese turbulento contexto, que provocó un importante éxodo de conversos de Barcelona con la consiguiente repercusión negativa en las finanzas de la ciudad, empezaron a celebrarse duros autos de fe y fue cobrando entre la élite de los conversos -y algunos cristianos viejos- la idea de llevar a cabo una acción radical que provocase en la Corona el miedo a una revuelta y la hiciera dar marcha atrás: matar a un inquisidor. Es imposible saber si el fallecimiento de Gaspar Juglar, acaecido en enero de 1485, se debió a causas naturales o a un envenenamiento, como se rumoreó, pero Arbués ya había sufrido dos atentados -de los que salió indemne- antes de que el tercero le costase la vida.

 

Ocho fueron los responsables de su muerte y fueron capturados pronto, pese a buscar refugio en Tudela y a que el apresamiento supuso un incidente con Navarra. Al conocerse su filiación religiosa cambió el ánimo de los zaragozanos y de los aragoneses en general. Como era frecuente, la sangre derramada se convirtió en apreciada reliquia tras rumorearse que se licuaba semanas más tarde, por lo que la gente iba a la Seo a empapar en ella sus pañuelos. Una leyenda completada con otras, como la de la campana de la cercana localidad de Velilla, que se habría puesto a tañir sola, todo lo cual originó una petición popular de beatificación del fallecido (Roma se mostró reticente y hubo que esperar a que el papa Alejandro VII accediera a ello en 1662 y a que Pío IX lo canonizase en 1867), pero también provocó la organización de pogromos y una votación a favor de suspender los fueros. 

 

El asesinato de Arbués pintado por Murillo (Wikimedia Commons)

 

El proceso contra los asesinos duró del 30 de junio al 15 de diciembre de 1486. En sucesivos autos de fe se fue ejecutando a los culpables. Dos se suicidaron en sus celdas (uno tragándose cristales), otro acabó arrastrado por las calles, decapitado y descuartizado (antes le cortaron las manos en vida y las clavaron en la puerta de la Diputación), y los demás murieron en la hoguera junto a otros relajados, salvo uno que logró huir, Juan de Pedro Sánchez, quemado en efigie como otros doce. Las represalias duraron hasta 1492 y alcanzaron a casi todas las familias conversas de Aragón, hubieran tenido connivencia con el crimen o no, ya que notables de ilustre apellido como Gabriel Sánchez (tesorero real), Francisco de Santa Fe (consejero del gobernador de Aragón) o Sancho de Paternoy (maestre racional del reino) estaban implicados.

 

Algunos autores teorizan sobre la posibilidad de que el absurdo atentado no fuera en realidad ideado por los conversos, ya que no haría más que agravar su persecución, como demuestran casos anteriores (el asesinato de inquisidores por los cátaros en 1243, el de Conrado de Marburgo diez años antes o el de Pedro de Verona en 1252), sino que se tratase de una trampa ideada por el rey Fernando para facilitar el establecimiento de la Inquisición en Aragón e imponer, a través de ella, su total autoridad en el reino, siguiendo la línea emprendida por su esposa Isabel en Castilla frente al poder de la nobleza. De hecho, en 1487 consiguió que Zaragoza le cediera la facultad de hacer personalmente los nombramientos de altos cargos, todos afines a él; algo parecido se repitió en las otras Cortes.

Sermo in supplicio sicariorum Petri Arbues habitus (Repositoirio Documental Gredos, Universidad de Salamanca, vía Propylaeum)

 

Sin embargo, no hay pruebas documentales de ese maquiavélico ardid y, por contra, sí de la estrecha relación que tenía con los conversos, que siempre le apoyaron económica y políticamente. Es más, Fernando intervino en la exoneración de familiares de dos de los asesinos, Gabriel Sánchez y Alfonso de la Caballería, y no sólo mantuvo a Santángel en su puesto sino que en 1497 le concedió un estatuto de limpieza de sangre que libraba a los suyos de cualquier sospecha en lo sucesivo.

 

La última imagen corresponde a las primeras páginas de un incunable que recoge en latín el Sermo in supplicio sicariorum Petri Arbues habitus, o sea, el sermón que pronunció el sustituto de Arbués en la Inquisición de Zaragoza, el agustino fray Juan de Colmenares, abad del monasterio premostratense de Aguilar de Campoo, cuando los acusados fueron entregados al brazo secular para su ajusticiamiento.

 

BIBLIOGRAFÍA:

-KAMEN, Henry: La Inquisición española. Una revisión histórica.

-ZURITA Y CASTRO, Jerónimo: Anales de la Corona de Aragón.

-LLORENTE, Juan Antonio: Memoria histórica sobre cuál ha sido la opinión nacional de España acerca del Tribunal de la Inquisición.

-PÉREZ, Joseph: Breve historia de la Inquisición en España. 

-EDWARDS, John: La España de los Reyes Católicos (1474-1520).

-SUÁREZ, Luis: Isabel I, reina.

-DE LA TORRE, José Ignacio: Breve historia de la Inquisición.

-VIVANCOS GÓMEZ, Miguel C: San Pedro de Arbués (en el Diccionario Biográfico de la RAH, Real Academia de la Historia).

Imagen de cabecera: Martirio de San Pedro Arbués, círculo de Antonio del Castillo Saavedra (Wikimedia Commons)