Los merinos asturianos deberán entregar al fisco los bienes de los ejecutados (1491)

 


Tal día como hoy, un 7 de abril pero del año 1491, se ordena que los bienes y derechos de los condenados a muerte por los merinos del Principado de Asturias pasen al fisco real y no se los queden para ellos, evitando así que se condene a pena capital a tantos reos.

El merino era un oficial de la administración de justicia encargado de asuntos de orden público, como apresar y custodiar delincuentes, cobrar caloñas (multas y penas pecuniarias), recibir demandas, etc. Sus competencias se extendían a aspectos administrativos, desde problemas de lindes a recuento de cosechas. Debido a esas funciones ejecutivas y al hecho de que había que pagarles el merinazgo (un derecho que complementaba su salario), resultaban bastante impopulares.

Se trataba de un cargo que había en las coronas de Castilla, Aragón y Navarra. En los lugares de realengo era nombrado directamente por el rey o, si acaso, a propuesta de alcaldes o jueces, en cuyo caso se denominaba merino mayor y su jurisdicción era un territorio o merindad. Si era nombrado por otro merino, entonces sería un merino menor y actuaba en un ámbito local.

El merino mayor, cargo al que sólo podían acceder los nobles, se conocía también como adelantado mayor en Murcia y Andalucía. Tenía autoridad sobre la Merindad Mayor de Castilla, que estaba compuesta por una veintena de merindades menores aproximadamente (el número fue cambiando según la época).

Aunque, a partir del siglo XV, el incremento progresivo del régimen señorial y la generalización de la figura del corregidor fue reduciendo la jurisdicción de los merinos, la división administrativa en merindades perduró hasta el siglo XVIII, en el que la llegada de los Borbones supuso su sustitución por provincias.

El documento adjunto se conserva en el Archivo General de Simancas.


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